La transparencia presupuestaria ha ido consolidandose en años recientes como un tema de relevancia mundial debido a la necesidad de promover la incidencia y el control ciudadano sobre los gobiernos con el fin de modificar su relación con el ciudadano para conseguir que las  decisiones gubernamentales  reflejen realmente las necesidades de su población. Partiendo de esto, el derecho de acceso a la información pública se reconoce como un derecho fundamental. La publicación del Índice de Presupuesto Abierto-IPA 2006, elaborado por el Center on Budget and Policy Priorities en el marco del Proyecto Internacional de Presupuesto, indica que el 57% del índice obtenido por Colombia, refleja que "el gobierno provee "alguna" información sobre el presupuesto y las actividades del gobierno central, pero aún hay mucho espacio para mejorar".

De los siete documentos presupuestarios evaluados en el Cuestionario de Presupuesto Abierto para la obtención del IPA, Colombia sólo produce información presupuestaria para cuatro de ellos: el 64% de la información en la propuesta del ejecutivo; el 44% en los informes emitidos durante el año; el 37% en el informe de fin de año y un 83% en el informe de auditoría, dejando de producir información alguna sobre el proceso presupuestario en los documentos preliminar, presupuesto ciudadano y el análisis de medio año.

Los resultados obtenidos en el Índice de Presupuesto Abierto-IPA 2008, revelaron una mejoría de tres puntos con un  60%.  sin embargo estos resultados siguen reflejando que en Colombia, “el gobierno provee “alguna” información”. Esto se debe a que la información contenida en cada uno de los documentos clave aun presenta falencias. A pesar que los resultados del IPA 2008 muestran que en Colombia se producen seis de los siete documentos presupuestarios evaluados, es decir que el gobierno aumenta la cantidad de información disponible en relación a los resultados de 2006,  aun hay lugar para mejorar e incrementar la información disponible al público.   

En la propuesta del Ejecutivo se provee sólo el 66% de la información; el Documento Preliminar contiene el 78% de la información requerida en él; el Presupuesto del Ciudadano proporciona el 33% de la información; el 46% en los Informes Emitidos durante el año; y en el Informe de Fin de Año y el Informe de la Auditoría proveen el 50% y 72% de la información, respectivamente. El Análisis de Medio Año no es producido.

Avanzar significativamente en la transparencia del proceso presupuestario colombiano así como en su democratización, requiere de la articulación institucional a nivel gubernamental y de las organizaciones civiles en la adopción de criterios concertados para la producción de información presupuestaria comprensible y útil a los ciudadanos, en la formación ciudadana sobre el presupuesto nacional y formas de incidencia, así como en el fortalecimiento de espacios para la difusión y divulgación de la información.

En este sentido, AC-Colombia viene liderando  el proyecto "Transparencia Presupuestaria: Una iniciativa ciudadana para la democratización del Presupuesto en Colombia, 2008-2010" que busca el incremento de la participación informada y cualificada de los ciudadanos y organizaciones civiles en el proceso presupuestario colombiano, mediante el diseño y puesta en marcha de un modelo para la democratización del proceso presupuestario colombiano que contribuya al fortalecimiento de las relaciones intergubernamentales y facilite la disponibilidad de información pública para el análisis, deliberación, control ciudadano y rendición de cuentas sobre el presupuesto nacional, así como la promoción y formación para la transparencia presupuestaria.

Esta iniciativa centra su atención en el desarrollo de tres estrategias de implementación, a saber: a) Fortalecimiento de mecanismos de articulación intergubernamental para la  difusión y acceso a la información presupuestaria; b) Formación de organizaciones civiles en temas de presupuesto; y, c) Difusión y divulgación a través de sistemas de información.

Esta iniciativa espera contribuir a: 1) El incremento del actual Índice de Transparencia Presupuestaria; 2) La promoción de la articulación institucional del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la República, Contraloría General de la República y Contaduría General de la Nación alrededor de la producción de los protocolos para la presentación de la información presupuestaria al ciudadano; 3) La construcción y consolidación de un modelo para la participación e incidencia ciudadana en el proceso presupuestario colombiano; y, 4) el incremento de la información pública disponible de fácil consulta y comprensión por parte del ciudadano sobre el proceso presupuestario colombiano.

El proyecto tiene previsto generar una sinergia que articule organizaciones de la sociedad civil con instituciones gubernamentales para la democratización del proceso presupuestario colombiano. Para lograrlo, el proyecto pretende darle impulso a esta iniciativa con la publicación del documento “Mejor Información, Más Desarrollo. Análisis Comparativo del Índice de Presupuesto Abierto 2006 y 2008: Promoviendo la incidencia, monitoreo y control ciudadano del Presupuesto General de la Nación en Colombia” en 2009.

 

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La participación de la ciudadanía y de las organizaciones civiles en el control institucional que ejercen las Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS, constituye en si misma un elemento fundamental para la democratización de los mecanismos de supervisión y control.

La V Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores –OLACEFS, realizada en Lima en 1995, abrió la posibilidad de la participación de la ciudadanía en el control fiscal “como fuente de información calificada y permanente sobre las áreas críticas de la administración pública”. Desde entonces, el esfuerzo de las EFS se ha orientado a desarrollar Sistemas de Participación Ciudadana que contemplan el desarrollo de normas, formas y modalidades de participación y cooperación entre la sociedad civil y las EFS.

En la última década, estas iniciativas en América Latina se han orientado a crear y fortalecer las oficinas de atención al ciudadano encargadas básicamente de responder las denuncias e implementar los mecanismos para su incorporación en los procesos auditores. Tales son los casos de la Contraloría General del Perú, con sus Servicios de Atención de Denuncias, el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras con el Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias; la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela con la Oficina de Atención al Ciudadano; y la Dirección de Atención a la Ciudadanía de Cuba, entre otras. También han incursionado en la participación ciudadana impulsando esquemas de promoción del control ciudadano mediante auditorías sociales, comités de vigilancia ciudadana y veedurías a la gestión pública, que son apoyadas a través de actividades de capacitación y formación de ciudadanos y organizaciones civiles por parte distintas dependencias u oficinas.

A pesar de los esfuerzos de las EFS por incrementar y facilitar la participación de los ciudadanos en el control fiscal, las iniciativas en este sentido se han reducido a considerar la denuncia y el impulso de diferentes formas de control ciudadano como un “único” mecanismo de vinculación al control fiscal, donde las EFS recepcionan, tramitan y resuelven las inquietudes de la ciudadanía con respecto a una posible malversación de recursos públicos.

Sin embargo, en el campo de la participación ciudadana en el control fiscal hay dos experiencias innovadoras en América Latina que consideran la participación directa de la ciudadanía y sus organizaciones en el proceso auditor. La primera de ellas, implementada durante los años 2002 a 2005 en la Contraloría General de la República de Colombia, denominada “Auditorías Articuladas con Organizaciones de la Sociedad Civil” y la segunda, desarrollada actualmente por el Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras, llamada “Vinculación de la Ciudadanía al Control Institucional”. Ambas experiencias tienen en común el interés por  mejorar la calidad del control fiscal mediante aportes técnicos y especializados de ciudadanos y organizaciones civiles vinculados al proceso auditor; aumentar los niveles de confianza de la ciudadanía en el control institucional y motivar un mejor entendimiento y comprensión de la gestión institucional que realizan las entidades auditadas, además de garantizar la transparencia de la gestión, entendida como una “exigencia social sobre los administradores de los recursos públicos”

El proyecto de Investigación “Participación ciudadana en el control institucional: balance de iniciativas de democratización del control fiscal en América Latina 2000 a 2008”  busca realizar un balance de las  iniciativas de  las EFS en América Latina, en particular en Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela en cuanto a la promoción de la participación y vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles en el control fiscal como una herramienta para superar las limitaciones técnicas de las EFS, fortalecer la capacidad crítica de los ciudadanos  frente al   ejercicio constitucional del control y la deliberación ciudadana  sobre la calidad del control a la inversión de los recursos y bienes del Estado.

Esta iniciativa involucra la participación de importantes organizaciones civiles de América Latina.

 

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A pesar del importante avance legislativo y normativo para la atención de las necesidades de cerca de 2.387.538 de personas desplazadas por el conflicto interno en Colombia, el reconocimiento de sus  derechos dista mucho de ser una realidad efectiva.

Recientes estudios coinciden en que “pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno en materia presupuestal y de funcionamiento del Sistema, el cumplimiento de las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional T-022, dista de ser el adecuado” y “revelan falta de voluntad política para resolver positivamente la ecuación entre las posibilidades presupuestales e institucionales, y la magnitud y gravedad del problema” . Particularmente, el principio de participación y control social en la vinculación y activa participación de los desplazados, las organizaciones y asociaciones de población desplazada en la gestión, formulación, desarrollo y seguimiento a la Política Nacional de Atención a la Población Desplazada no ha podido concretarse, limitando la ingerencia de la población beneficiaria en la definición y atención de sus necesidades.

Esta iniciativa  tiene por objetivo “fomentar la participación informada y cualificada de la población desplazada y sus organizaciones en el análisis, formulación, implementación, seguimiento y control de las políticas públicas destinadas a atender las necesidades de la población desplazada e incidir en las prioridades de asignación presupuestaria de los programas de Asistencia Humanitaria de Emergencia y Estabilización Económica, tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial, con el propósito de garantizar los derechos  de la población desplazada”.

Las actividades incluyen, seminarios talleres de capacitación de organizaciones civiles en 5 ciudades de Colombia, con mayor número de recepción de desplazados;  mesas  de participación para la construcción de propuestas de incidencia ciudadana en la Política Nacional de Atención a la Población desplazada; Foros sectoriales de deliberación pública; Mesas de concertación e incidencia de organizaciones civiles con las instituciones gubernamentales que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia – SNAIPD y Talleres de Seguimiento. Además de lo anterior, se elaborará  un Manual guía para la capacitación y deliberación pública de organizaciones civiles sobre políticas de atención a la población desplazada y un video educativo para la promoción de los derechos de las poblaciones desplazadas con énfasis en el principio de participación y control social de las organizaciones civiles en la gestión, formulación, desarrollo y seguimiento a la Política Nacional de Atención a la Población Desplazada.

Fuentes  oficiales indican podría haber un sub-registro de la población desplazada equivalente hasta en un 30%, por lo que las cifras registradas podrían ser mayores hasta en este  porcentaje. 

Entre los estudios consultados están: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES. Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Bogotá 2007. Carlos Betancourt. Financiamiento y fiscalidad de la política de atención y restablecimiento de la población desplazada en Colombia. Bogotá, abril de 2008.

 

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El conflicto armado interno en Colombia y su agudización ha tenido significativos efectos negativos sobre la población civil, específicamente sobre los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales del país. Los niños, niñas y adolescentes se han convertido en  víctimas;  por un lado, porque, están expuestos a la coerción y el desplazamiento forzado producto de los constantes  enfrentamientos entre las guerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública;  y  por otro lado, porque son obligados a ser parte de la guerra mediante el  alistamiento  en  las filas de los grupos al margen de la ley. ]

El reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados ilegales se ha intensificado convirtiéndose en  una problemática seria para el país en materia de derechos humanos;  sin embargo su atención no ha sido la apropiada para la prevención y protección de esta población en riesgo, debido a que ninguno de los actores en conflicto, ni la sociedad civil  han hecho un esfuerzo por detener el reclutamiento de menores de 18 años. Esto es aún más grave para las niñas y las adolescentes que en las unidades de los grupos insurgentes, son objeto de prácticas  sexuales como medio para obtener ciertos privilegios y seguridad, hecho que claramente las convierten en blancos para el abuso sexual, y sus derechos son más restringidos porque están obligadas a planificar desde los doce años y abortar en caso de un embarazo (Human Rights Watch, 2004).

Aunque no existen actualmente cifras oficiales, el UNICEF considera que en Colombia hay cerca de quince mil niños y niñas entre los 9 y 16 años alzados en armas,  y que uno de cada cuatro combatientes irregulares es menor de 18 años. Además, los menores de edad son utilizados para acciones de alto riesgo, tales como la activación y desactivación de minas antipersonales, espionaje, servidumbre y esclavitud sexual para la tropa, y son reclutados porque representan un potencial humano disponible, moldeable y capaz de realizar actividades peligrosas sin medir los riesgos.

Las principales razones de la intensificación de este problema se encuentra en los altos niveles de  violencia intrafamiliar y abuso sexual, que  obliga a los niños y niñas huir de sus hogares, sumado a la ausencia de oportunidades, como resultado de las  condiciones de extrema pobreza, además del acceso restringido a la educación que  los incentiva a enlistarse  en los grupos al margen de la ley. El  UNICEF revela que de 3.911 menores desmovilizados con edades entre los 8 y 18 años, el 15% reconoce que fue vinculado “a punta de pistola”, en tanto que el 85% lo hizo de “forma voluntaria”.  

Otra de las razones que se logra observar es que el reclutamiento se puede ver en aumento por efecto de la crisis económica internacional reciente, de acuerdo al representante del UNICEF en Colombia, Paul Martin. También se identifica que en Colombia existen las llamadas “zonas de resonancia cultural” las cuales son regiones con escasa presencia del Estado y con alto y prolongado control por parte de los grupos armados ilegales, quienes han adoptado “culturas de resistencia y oposición”, como el departamento del Meta.

El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes se realiza principalmente en cerca de sesenta municipios y veredas de veinte departamentos del país, especialmente en los departamentos del Meta, Putumayo y Tolima, mayoritariamente en sus zonas  rurales. Sin embargo, en los municipios del Meta, es en donde se observa que es más intensificado este fenómeno. Por esta razón, los municipios sujeto de intervención de esta iniciativa son: Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro, La Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, El Castillo, Cubarral, El Dorado y Granada, en ese departamento.

En los municipios propuestos, la problemática del  reclutamiento de niños y niñas por parte de diversos actores armados ha sido continuo en los últimos 30 años, con momentos en los cuales se ha acentuado. Tal situación ha reducido la capacidad de las comunidades para resistir el reclutamiento, convirtiendo en víctimas a por lo menos 3 generaciones. Como consecuencia, de la incapacidad del Estado para mitigar y erradicar tal situación, ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para cambiar tal estado de cosas.

En consecuencia el reclutamiento de menores debe ser prevenido desde una acción colectiva donde la protección de los menores  sea reconocido como la protección de  toda una  comunidad.

Esta iniciativa  tienen como objetivo general “aumentar la conciencia de la sociedad, incluyendo a niños y niñas, sobre la violación  de los  derechos humanos, tras el reclutamiento de menores,  con el propósito de promover acciones colectivas destinadas a  su prevención, en los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro, La Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, El Castillo, Cubarral, El Dorado y Granada en el Departamento del Meta”.

En este sentido, esta iniciativa  abordará  estrategias para la construcción y fortalecimiento de redes sociales con miras a  que desarrollen acciones  de resistencia colectiva frente al reclutamiento de menores, que incluyen puntos nodales de las redes sociales  como la escuela, iglesias, tiendas, vías; grupos de hombres y mujeres, familias y grupos de parentesco, así como grupos formales e informales de jóvenes y de niños y niñas. Adicionalmente, se abordarán estrategias para fortalecer una red de apoyo institucional para la prevención del reclutamiento de menores,  que aglutine las instituciones públicas locales  responsables del manejo de las políticas de atención de menores, desmovilización, reconciliación y derechos humanos en los respectivos municipios donde se realizará la intervención.

Esta iniciativa  espera que los resultados tengan un impacto en:

1. El  reconocimiento colectivo a nivel municipal y regional de las causas asociadas al reclutamiento de menores y la generación de acciones ciudadanas e institucionales de prevención del reclutamiento y protección de menores.

2. Los grupos de mujeres y grupos de hombres (todos mayores de edad), han fortalecido sus capacidades para detectar riesgos de reclutamiento y para comunicar factores protectores a los menores.

3. Se han fortalecido, en puntos nodales de las redes sociales (escuela, iglesias, tiendas, etc.), capacidades para detectar riesgos de reclutamiento y para comunicar factores protectores a los menores.

4. Se han fortalecido espacios y formas de organización juvenil e infantil, con capacidades para detectar riesgos de reclutamiento y para comunicar factores protectores a sus pares.

5. Se cuenta con una red de apoyo institucional a la prevención del reclutamiento y al fortalecimiento de las redes sociales para resistir a su ocurrencia.

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